“Debemos convertir al Poder Judicial en un poder representativo y republicano”

El estudio de Radio UNDAV recibió la grata visita de Eduardo Barcesat, el destacado abogado constitucionalista, referente de la promoción de los derechos humanos y docente universitario. Barcesat fue entrevistado por Mario Giorgi en su ya tradicional programa semanal, “Perfiles en la UNDAV”.

Barcesat dialogó sobre los problemas del actual sistema judicial así como su terrible historia de connivencia con los poderes dictatoriales.

“Nuestro sistema judicial está tomado del modelo estadounidense y allí se dice que es necesario un poder judicial que sea vitalicio, aristocrático y contramayoritario para evitar posibles desbordes demagógicos o populistas de los poderes políticos. Es decir que, en tutela de la propiedad privada, es el único de los tres poderes que conforman el Gobierno Federal cuyos integrantes solamente puede ser removidos por un sistema de enjuiciamiento (por mal desempeño o comisión de delitos), pero que en realidad dejan de formar parte del mismo a causa de muerte o jubilación”.

Otro dato importante para entender nuestra justicia dijo, “es entender qué pasó en la transición entre la dictadura cívico militar y el naciente Estado de Derecho”.

“La abogacía argentina dictaminó que ningún juez que hubiera ingresado y prestado juramento a la administración de justicia durante la dictadura podría integrar el futuro Poder Judicial de la Nación, ya que estaba ´contaminado´ por ese servicio a la usurpación. Sin embargo, el gobierno de Raúl Alfonsín, convalidó lamentablemente al 90% de los jueces provenientes de aquella administración”.

“Yo diría que la transición democrática no va a estar completa hasta que no modifiquemos e introduzcamos la reforma y democratización del Poder Judicial de la Nación. Que pasa, a mi modo de ver, por el hecho de que debemos convertir al Poder Judicial en un poder representativo y republicano, tal como lo dice el Artículo N°1 de la Constitución”.

Referido a su trabajo en defensa de los derechos humanos y particularmente en el enjuiciamiento de quienes planificaron y ejecutaron el genocidio que viviera nuestro país entre 1976 y 1983 manifestó: “No se puede precisar el número de desaparecidos y víctimas del Terrorismo de Estado. Creo que los asesinos lo confiesan en el Acta Institucional N°1, donde hablan de 30.000 militantes y 15.000 simpatizantes. Esto es una suposición porque obviamente nos han ocultado toda la información referida a esas 45.000 víctimas”.

“El imaginario popular estableció la cifra de 30.000; la colección documentada de datos lleva a 12.000 aproximadamente, que es sobre lo que se trabajó en el juicio llevado a cabo por Baltasar Garzón en España. ¿Pero qué hizo el Proceso a las Juntas? Tomó 711 casos, que eran los que tenían debidamente probados y condenó por solo 70 de ellos. Después vinieron las instrucciones a los fiscales; el Punto Final y la Obediencia Debida (verdaderas leyes de la impunidad); completando todo con los indultos presidenciales”.

“Recién en 2005, tras la iniciativa política del gobierno de Néstor Kirchner, se empezaron a rever estos instrumentos de la impunidad. De esta manera, se amplió muchísimo el universo de casos tomados y, al ser nombrados como “crímenes de lesa humanidad”, se volvieron imprescriptibles. Los criminales pueden ser hoy ser perseguidos bajo jurisdicción universal”.

“Este camino iniciado choca actualmente con una estructura judicial inadecuada plagada de rémoras y obstaculizaciones del tramo del aparato judicial que sobrevivió a aquella época. Todo esto demuestra los obstáculos, las insuficiencias, pero también y fundamentalmente los logros notables de esta transición democrática”.

Foto: Lautaro Federico Hamra.

*Nota publicada en la edición Diciembre 2013 del periódico Con Información.